lunes, 14 de noviembre de 2011

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www.personasenmovimiento.cl

sábado, 23 de abril de 2011

Fronteras, proyectos y garabatos.

A Andrés Echeverría.

Recuerdo una ocasión en que oí a un joven, al ser consultado por un entusiasta evaluador acerca de los “cambios positivos” generados a propósito de su estadía en una comunidad terapéutica, lo siguiente: “lo mejor es que ahora digo menos garabatos”.

Esta frase, risible y máximamente subjetiva despierta en mi hoy dos reflexiones relativas al quehacer de los programas sociales:

1) La “indeterminable” distancia entre lo que los programas sociales se proponen y la manera en que lo viven sus públicos y;

2) Los resultados posibles de un “otro” tipo de escucha atenta de la frase: “lo mejor es que ahora digo menos garabatos”, y la posibilidad de producir innovación respecto al servicio que ofrece el programa, es decir, una escucha de los públicos ligada a la innovación en programas sociales.


Por lo general los programas sociales identifican un fenómeno[1] y toman una serie de decisiones para implementar promesas de “cambio” que pueden ser más o menos densas, más o menos consistentes y que, sin embargo, parecen ignorar los intereses de sus públicos. Esto no deja de apuntar hacia un tipo de racionalidad programática tautológica donde el público se encuentra “atado” a un programa social y carece de deseos y pensamientos[2].

A mi me parece que cuando el joven del ejemplo aquilata el impacto de las intervenciones desplegadas “en su favor” por la comunidad terapéutica señalando que “ahora dice menos garabatos”, muestra esto como parte de su “proyecto propio”, en el que “ser intervenido” es sólo un fragmento, un “trecho” que expresa su propio “DICHO”. Cuando se dice académicamente: la sociedad es un orden emergente, se está diciendo el usuario no tiene siempre la razón, sin embargo, siempre puede decir SI/NO. Esto nos lleva al segundo punto.

¿Qué posibilidades no se pierden cada día debido al monolingüismo de los programas sociales que no comprenden (porque no interpretan, porque no descifran, finalmente lo social) lo que sus públicos dicen y/o quieren decir?.


En este sentido el deseo (las fantasías inconfesables) de los interventores, los académicos, los públicos y los “intervenidos” parecen movidas en una lógica paradojal: de una parte la tortuga (el joven de los garabatos) y de otra el programa (Aquiles).

Si el programa lograra escuchar el deseo de su público, es decir, sus intereses, pensamientos y emociones, podría adoptar un patrón de decisiones capaz de atravesar las fronteras que parecen dividir dos zonas irreconciliables: el monolingüismo.


Lo que se persigue de las drogas no es el consumo sino las consecuencias del consumo, la pérdida del autocontrol del sujeto, es decir, su soberanía, al decir de Foucault: “el gobierno de sí” y, por lo tanto, las consecuencias que acarrea a la sociedad (delitos, accidentes, etc.), por lo tanto, cuando el joven dice radiante: “ahora digo menos garabatos” señala que su propia “intervención” ha sido exitosa, sin embargo, es el único que parece notarlo. Se ha quedado a solas con su éxito.

Ángel Marroquín

Magíster en Trabajo Social

Pontificia Universidad Católica de Chile




[1] En este sentido los programas que implementan intervenciones sociales premodernas hablan de “problemas sociales”.
[2] En este sentido me parece que, de alguna manera, los organizaciones que implementan promesas no dejan de “fantasear” con sus públicos.

Promesa, misión y ciencia ficción.

Si existiera un vademécum de aquellos componentes que “no pueden faltar” en una organización social para que sea reconocida como tal (en la actual, abigarrada y basta jungla de “lo social”), sin duda, los objetivos, actividades y evaluaciones, serían de los primeros elementos mencionados. Todos estos elementos – y muchos otros- se encuentran condensados en aquello que se conoce como la “misión” de la organización.


Siguiendo esta lógica, la misión sería algo así como la PROMESA que la organización hace a sus públicos y, consecuentemente, el programa social, sería considerado como la cristalización de ella, es decir, la vía regia, para hacer efectiva la promesa prometida (recordemos que el verbo prometer quiere decir obligarse a hacer, decir o dar una cosa).


Como nos recuerda el dicho de sentido común (por eso, tan extraño): “del dicho al hecho hay mucho trecho”, parece existir una incapacidad, en las organizaciones que producen e implementan promesas, para conectar lo que se dice con lo que se hace en sus programas.

Más que describir las ficciones “sociales” o de abierta ciencia ficción que se desprenden de las misiones de estas entidades (y que van desde salvar almas, hasta terminar con la delincuencia o la injusticia social), sólo me permito circunscribir, en esta ocasión, eso que se denomina “promesa”.

La promesa (entendida como declaración que liga), no es sino la oferta que el programa hace a sus consumidores, usuarios, públicos y que se traduce en una serie de acciones, disposición de recursos profesionales y técnicos orientados al cumplimiento de la promesa.

Resulta curioso en este sentido, observar que la organización supone que este servicio es “necesario”, aún sin preguntarse: ¿son necesarios estos servicios cuando las personas suelen recurrir a ellos por obligación o como “último recurso”?.

Tal vez aquello que el programa “hace” resulta evidente a los directivos, a los profesionales y, con suerte, a los propios usuarios, sin embargo, el afán que parecen desplegar, ¿es expresión de la promesa?, ¿Qué es, finalmente, la promesa para la propia organización?

Más que “consecuencia”- como solía exigirse entre militantes tristes-, a los programas sociales debería pedírseles cumplir sus promesas a fin de mantener eso que en teoría política se conoce como “pacto social” y, que es donde finalmente descansa en orden político: en que cada uno haga lo que declara hacer.

Ángel Marroquín
Magíster en Trabajo Social
Pontificia Universidad Católica de Chile

domingo, 17 de abril de 2011

Programas sociales a la UTI (Unidad de Tratamiento Intensivo).

La organización de los sistemas de salud en Chile y el mundo suele tener un patrón común: se planifican y establecen a partir de niveles de complejidad asociados a las características de los públicos a atender. Es así como en el nivel primario se suele atender a pacientes de complejidad baja, en el hospital un nivel intermedio y en establecimiento especializados (como, en Chile, el hospital del cáncer, del tórax o neurocirugía) se trata a personas con patologías graves y que incluso, suelen decidir sus vidas en esos lugares.

A diferencia de estos metafísicos lugares, los programas sociales no cuentan con una organización similar, aún cuando las personas a las que prestan sus servicios suelen presentar (al igual que en el sector de la salud) problemas diversos y, en ocasiones también se juegan mucho más que una “atención social” en esos programas.

¿Es que en lo “social” todos los problemas son iguales?, ¿o es que da lo mismo ofertar servicios a niños como el “Cisarro” o a uno que ingresa por primera vez a un programa de sename?. Si bien existen diferenciaciones al interior de los programas (establecimientos de niveles de “complicación”) éstas resultan ser expresión de la “opinión” de quienes diseñan los programas (por lo general de espaldas a sus públicos) que resultado de las características de los sujetos previas al ingreso al programa. Debido a este déficit es que, tanto el Cisarro como el niño debutante, ingresan al mismo programa y reciben atención por parte de los mismos “tíos” del sename.

Tal vez hoy los programas sociales del Estado deben ser internados en una UTI (Unidad de Tratamiento Intensivo) y someterlos a un examen (como los que se estilan en esas unidades) que controle ciertas variables (aquellas de las que depende en última instancia la “vida del programa” y -no otras-, tal vez, entre ellas, aquella relacionada a las formas en que diferencian de sus públicos a aquellos que requieren “más” y “mejores” intervenciones debido a sus particularidades y no más de lo mismo.

Ojalá que esto sirviera para demostrar que el dinero “invertido” en los públicos NO es lo más importante en las intervenciones sociales.


Ángel Marroquín Pinto

jueves, 14 de abril de 2011

miércoles, 13 de abril de 2011

La caja negra de la intervención social.

Cuando un avión experimenta un accidente grave, las causas parecen quedar registradas en su “caja negra”. Se conoce con ese nombre no otra cosa sino a un registro sistemático de operaciones realizadas por la máquina (en este sentido las máquinas suelen ser verídicas, a diferencia de sus operadores dotados de eso llamado inteligencia), es decir, la black box registra decisiones previas, inteligentes y relacionadas directamente al accidente. Cuando se produce un accidente, se suele buscar este registro (que por lo general salva ileso del contratiempo, puesto que se encuentra “diseñado” para ello) a fin de verificar diversas hipótesis acerca de las casusas de la desgracia.

¿Es posible que los programas sociales cuenten con cajas negras que registren, como en el caso de los aviones, sus operaciones?, y de ser afirmativa la respuesta, ¿podríamos, eventualmente, descifrar su registro y buscar las causas de rendimientos defectuosos?.

Los programas sociales suelen avanzar, estimar comparaciones, evaluar y señalar resultados periódicamente a sus audiencias y financistas, sin embargo, al momento de ser consultados acerca de los mecanismos de resolución de conflictos, autocuidado de los equipos y otros aspectos relevantes respecto de los servicios “sociales” que prestan, los programas parecen ignorar precisamente aquello que los caracteriza (como el avión ignora su programa de funcionamiento). Es este déficit de reflexividad (o de autoreferencia) el que podemos llamar “caja negra”, es decir, la historia de las decisiones que se toman en el programa (y que constituyen las premisas centrales desde las que se proyectan las nuevas decisiones).

Si bien este déficit escópico que presentan los programas (su punto ciego, su ombligo) puede ser mostrado, iluminado, no es menos cierto que para que ello sea posible resulta preciso de un agente que cuente con la capacidad para leer los códigos en los que se describen las decisiones registradas en la caja negra.

Tal vez el mayor aporte que nos brindaría el descubrimiento de los registros de la caja negra de los programas sociales radique en la posibilidad cierta de evaluar el cómo se hace un programa social (su estructura decisional), y, finalmente, cómo se pueden hacer las cosas de maneras alternativas evitando accidentes, desgracias y otros lamentables imprevistos.


Ángel Marroquín Pinto

Magíster en Trabajo Social

Pontificia Universidad Católica de Chile.

jueves, 3 de marzo de 2011

Sustentabilidad política e intervenciones.

Tal vez uno de los más sólidos indicadores de la sustentabilidad de un programa social de carácter público sea el componente político.

No es raro oír que los diversos y lentos pasos que se dieron en pos de la instalación de un programa social en un territorio, se vinieron abajo intempestivamente debido a un “cambio” en el signo político de sus autoridades; cuando no la aplicación de eso que en el arte de la guerra se llama: “estrategia de campo arrasado” y que consiste en destruir e inutilizar, en la huída, la mayor cantidad de cultivos y maquinarias para que el enemigo no las aproveche.

Este caso representa mucho más que una anécdota: representa una forma primitiva y efectiva de la lucha política (en este caso parodiando a Carl Von Clausewitz, diremos que la intervención social es la continuación de la guerra/política, por otros medios) y sobre todo una ausencia grave: la escasa consideración política de la sustentabilidad de las iniciativas que van en favor de la población en la que se asientan esos campos políticos.

Esta ausencia puede ser ilustrada mediante la falta de indicadores de sustentabilidad política de los programas sociales en los territorios, cuando no los tempestuosos anuncios “sociales” de los diversos candidatos y que vienen a “invalidar” los programas que ya se ejecutan.

Sustentabilidad quiere decir que los programas sociales más que centrados en los resultados específicos (que por lo demás son exigibles, mensurables y deberían ser fiscalizados en prácticas de accuntability local), deben responder por el impacto que generan. Deben mostrar que, si no generan un bienestar a la población, al menos no la perjudican (más).

En este sentido hablar de sustentabilidad de la intervención, no quiere decir “perpetuidad” de los operadores, es decir, que la permanencia en el cargo de un personero a cargo de un programa social no es condición del buen funcionamiento del programa mismo.

Si se confunden comúnmente ambas esferas (perpetuidad en los cargos con sustentabilidad de los programas), es justamente porque el componente político de la intervención se encuentra claramente inclinado en favor de los operadores, por sobre el de sus públicos. En este sentido es triste constatar que los sueldos de los funcionarios a cargo de programas sociales, aún en comunas pobres, resulta grosero, especialmente cuando no está relacionado con el nivel de instrucción del mismo.

Puede parecer claro que el anclaje político de los programas debe estar adscrito a la “legitimidad” que emana del cargo y no de los operadores como personas naturales, sin embargo, pienso que la sustentabilidad de las intervenciones debería centrarse en los impactos (la promesa) del programa en sus públicos, es decir, en garantizar que el programa social lleve a su públicos de “A” a “B” y no a “Z” o “K” más aún si los mecanismos de fiscalización son débiles o inexistentes como ocurre con ONGs que implementan programas a partir de licitaciones.

Finalmente, reitero que el anclaje político de las intervenciones es la condición de posibilidad de la sustentabilidad de las intervenciones sociales, la garantía de prevención de las prácticas de “tierra arrasada” y una garantía de continuidad para los públicos. En este sentido pienso que el principal desafíos consiste hoy en establecer y operacionalizar indicadores de sustentabilidad política en los gobiernos locales y, de esa manera, fortalecer una primera línea de atención del Estado, vigorosa y capaz de estar a la altura de los desafíos de este nuevo milenio.

Ángel Marroquín Pinto
Magíster en Trabajo Social
Pontificia Universidad Católica de Chile

Afán escópico e intervención social.

Hace un par de meses ocurrió en la comuna de Parral, un hecho noticioso que dio que hablar por unos exiguos 3 minutos a la televisión y que, si lo consideramos con mayor profundidad, nos haría estremecer por varios años.

La historia trataba de un grupo de niños que vivían habitualmente en las calles de la comuna y que por diversas circunstancias, eran objeto de explotación sexual por parte de una red de adultos. Hasta ese momento, la historia no revestía mayor relevancia por cuanto quienes explotaban sexualmente a los niños eran investigados y puestos a disposición de la policía y tribunales.

El punto controversial tenía que ver con la lentitud con que los niños develaron la existencia de la explotación sexual de la que eran objeto, la desprotección en que quedaron después que la policía detuviera a quienes “apoyaban” económica y emocionalmente a estos niños (y que eran los mismos explotadores) y, finalmente, la estigmatización que sufrieron los niños por parte de los medios.

La lentitud del descubrimiento de la situación de explotación sexual tenía que ver, más que con la destreza de la policía para desbaratar redes de explotación sexual infantil, con la incapacidad de varios programas sociales específicos, por lo que habían “egresado” estos niños previamente, para identificar la situación de explotación.

¿Por qué digo esto?.

Porque la situación de explotación fue detectada por el relato que hiciera un niño a un agente comunitario de la OPD de la comuna. Nos podríamos preguntar por tanto: ¿era esta una situación que podría haber sido detectada con anterioridad o más bien quedaba circunscrita al develamiento que hiciera el niño cuando quisiera (y que no se circunscribe sino a la propia dinámica de explotación).

Ninguna de estas opciones resulta concluyente ni logra responder a lo que sucedió, sin embargo, y a pesar de la respuesta (policial y judicial) oportuna, la pregunta ronda:
¿Vieron los programas sociales en que participaron previamente los niños, la explotación?.
Planteo el plano escópico como un campo de interrogaciones plurales y abierto también a otras intervenciones sociales.

El funcionamiento de este “ojo” el que me parece inquietante.

¿por qué?

Porque es posible que las intervenciones sociales que se orientan a campos superespecializados, como en el caso de la ESCI (Explotación Sexual Comercial Infantil en niños y niñas), presenten un déficit escópico que, paradojalmente, les muestre directamente aquello que ven y que no quieren ver, sin embargo, este dilema se plantea más allá del calibraje del recurso humano; como un área íntima de la intervención social que debería ser ponderada y mensurada a fin de determinar claramente lo que se ve (y que eso sea lo que se vea) y no ver que no se ve diciendo que se ve.

Ángel Marroquín Pinto
Magíster en Trabajo Social
Pontificia Universidad Católica de Chile

Facultad contralora en las intervenciones sociales. El caso de las Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia.

Recuerdo una ocasión en que cierto hábil charlista declaraba que algunas organizaciones que pretenden resguardar los derechos de las personas son verdaderos “tigres de papel”.

Con esta expresión, nuestro metafórico charlista, pretendía definir a organizaciones que hacen de una cierta “facultad contralora” una característica esencial de su quehacer al menos desde dos aspectos: 1) respecto a problemas sociales vinculados a la infracción de ley: VIF, abuso sexual, maltrato infantil o la negligencia grave de los padres respecto al cuidado de sus hijos y 2) respecto a la supuesta efectividad del carácter contralor en estas intervenciones sociales.

En esta breve nota pretendemos, más que proponer imperativos normativos a la intervención (cosa que a mi juicio se encuentra en los requisitos de una intervención social fundada), circunscribir un campo de reflexión respecto al carácter jurídico de las intervenciones sociales relacionadas a vulneraciones de derechos. Más aún cuando, con el avance de los DESC (derechos económicos y sociales), hoy es posible circunscribir fenómenos como la pobreza, la falta de vivienda y salud como vulneraciones graves, perpetradas por los Estados y/o particulares, contra las personas.

Si bien la ausencia respecto a las capacidades contraloras de las instituciones (y por lo tanto de los diversos programas que ejecutan) parece ser una constante –cuando no un tema absolutamente ausente del debate respecto a atribuciones y presupuestos para las organizaciones que ejecutan esta clase de programas-, pocas organizaciones llevan adelante programas dotados de un cariz “contralor” tan nítido; dentro del abigarrado panorama de las organizaciones que perviven en esa zona turbia creada por el estado chileno durante los años noventa y que se encarnizan en ejecutar políticas sociales de todo tipo, como las OPD.

Parece raro que estas organizaciones, creadas en Chile cuando se iniciaba el siglo XXI, cuenten con una especialización que, sumada a una cierta preocupación que, con el tiempo se ha hecho transversal y políticamente correcta por los niños/as, logren dar cuenta operativamente a imperativos morales-jurídicos (como son finalmente los derechos del niño/a a partir de la ratificación de la Convención el año 1990 y su protocolo facultativo), buscando a su vez universalizarlos operativamente en los territorios (comunales) donde actúa.

Más aún cuando esta implementación se da con apoyos desprolijos de parte de los Municipios y, hay que decirlo, con escasas herramientas de fiscalización de ese apoyo por parte de SENAME.

¿Cuentan las OPD, efectivamente con herramientas jurídicas de fiscalización?, ¿De qué fuente jurídica emana la facultad contralora que parecen poseer y que les lleva a incidir en la vida de familias y niños y niñas?, ¿en qué consisten? Y por último, ¿es efectiva? o ¿más bien es parte de eso que llamaba el alegre charlista: “tigre de papel”?.

Cuando hablamos de capacidad de fiscalización en las OPD nos referimos al llamamiento explícito que reciben estas organizaciones para actuar jurídicamente cuando detectan una vulneración de derechos, situación que puede involucrar también a establecimientos educacionales, centros de salud, pero que especialmente se concentra en familias.

Efectivamente, existen herramientas que hacen de las OPD organizaciones capaces de generar alteraciones jurídicas en las temáticas que tratan y en las dinámicas familiares de las personas que se ven involucradas. Tal vez una de las más conocidas atribuciones sea su llamada a denunciar situaciones de vulneración de derechos de niños/as y de VIF.

En este sentido debemos tener presente que la denuncia como acto procesal es facultativa (es decir, se basa en la voluntariedad), sin embargo, existen excepciones prescritas legalmente, como veremos.

Es posible identificar al menos en el caso de las OPD tres fuentes desde las que emana la capacidad contralora (obligación de denunciar) expresada en la obligación de denunciar:
a.- Actos de Violencia Intrafamiliar: Artículo 84, Ley que Crea Los Tribunales de Familia.
b.- Actos constitutivos de delito: Artículo 175 del Código Procesal Penal.

Ahora ambos artículos representan una facultad para cualquier persona que presencie o tenga noticias de un acto de VIF o delitos, sin embargo, el carácter de las OPD hacen que esta obligación sea inexcusable. En esta inexcusabilidad radica, entonces, la capacidad contralora de las OPD.

Mención aparte merece la relación de las OPD con el sistema jurídico global, que aunque no es una función privativa de ellas -como por ejemplo el judicializar casos de maltrato, negligencia parental o vulneración de derechos-, forman parte de su quehacer cotidiano, entre los que se encuentran, también, redactar informes que contribuyan a tomar decisiones informadas sobre cuidados personales y otros.

La judicialización permite afianzar la relación entre el niño, sus padres y el Estado, lo que, en cierta medida, viene a representar un mandato para las OPD y que se expresa sutilmente en cierta responsabilidad “personal” que asume cada profesional que ahí trabaja, por poner en conocimiento de Tribunales, situaciones constitutivas de delito que conozca en el ejercicio de sus funciones. He aquí entonces otra arista de la facultad contralora: el llamamiento directo a los profesionales. Los fundamentos jurídicos descansan esta vez en el Código de Procedimiento Penal (CPP), el que en su artículo 175 sostiene que: estarán obligados a denunciar: “a.- Los miembros de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería, de todos los delitos que presenciaren o llegaren a tener su noticia. Las Fuerzas Armadas, también estarán obligadas a denunciar todos los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones. b.- Los Fiscales y demás Empleados Públicos estarán obligados a denunciar todos los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y especialmente, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos. c.- Los Jefes de Puerto, aeropuertos, estaciones de trenes o buses o de otros medios de locomoción o de carga, los capitanes de nave o aeronaves comerciales, dentro del territorio nacional, los conductores de trenes, buses u otros medios de transporte, los delitos que se cometieren durante el viaje, en el recinto de la estación, puerto o aeropuerto, o a bordo del buque o aeronave. d.- Los Jefes de establecimientos hospitalarios o clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia de otras ramas de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, que notaren en una persona o cadáver señales de delito. e.- Los Directores, Inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento”.

Más allá del fundamento jurídico de esta dimensión de la facultad contralora de las OPD, tenemos que el ejercicio de una “profesión social” dota al ejecutante de una responsabilidad que se expresa en el ejercicio, dentro del marco legal de la misma, es decir, hace del profesional en ejercicio, un garante del orden jurídico y lo dota de la capacidad de fiscalización a través de la obligación de denunciar.

Estas y otras características dotan, a las OPD, de ciertas particularidades que sin pretender analizar en profundidad, anotaremos a continuación:

• La posibilidad de responder jurídicamente ante situaciones de delito o constitutivas de delito y originadas en vulneraciones de derechos.

• Alta especialización técnica ligada al tema de infancia, vulneración de derechos, promoción y circuitos judiciales.

• Vocación universalista que responde a un tipo de ética postconvencional (nacida de instrumentos jurídicos como la Convención de los Derechos del Niño, los DESC etc) y que convive con una ética preconvencional más bien directiva y prescriptiva reservada a encuadres prescriptivos.

• Articulación entre Municipio y SENAME, que en ciertas circunstancias representa una ventaja y en otras un hándicap organizacional y que le permite operar con diversos grados de efectividad, en contextos técnicos (SENAME) y administrativos diferenciadamente.

Todo esto hace de las OPD organizaciones contradictorias y en tensión de opuestos: promoción v/s judicialización; vocación universalista que coexiste con éticas preconvencionales; filiación municipal v/s estatal (SENAME).

Sin perjuicio de ello, las OPD dan cuenta de un cierto esfuerzo, a mi juicio único y destacable, por dotar a algunas intervenciones sociales de un carácter contralor . Mención aparte merece el hecho de que esta fiscalización sea prescriptiva, insular (municipal), y/o judicializante. Imposible lanzar la guagua con el agua turbia.

Ángel Marroquín Pinto
Magíster en Trabajo Social
Pontificia Universidad Católica de Chile

viernes, 18 de febrero de 2011

Hacia modelos operativos de justicia en intervención social

Si bien la justicia puede aparecer, a primera vista, como un tema alejado de la intervención social, no es menos cierto que cada programa social; aún cuando esto no sea evidente para los operadores, trabaja sobre un concepto de justicia (que se encuentra implícito) y que se expresa en el discurso institucional. En este sentido la justicia es un factor irrenunciable para la intervención.

En este sentido los programas sociales hacen mucho más que administrar, gestionar o contactar a personas con servicios: se ocupan de personas porque para el Estado esto es una tarea digna de ser encomendada, profesionalizada y ejecutada por órganos específicos, públicos y/o privados competentes. Finalmente es justo y legítimo que la preocupación por los menos aventajados se exprese a través de políticas públicas y, a su vez, en programas sociales.

Más allá de la triste y superflua retórica en que caen algunos policy managers (malabarismos conceptuales en época de elecciones), el concepto de justicia desde –y en el cual- opera un programa social, para dejar de ser mera retórica, debe, en primer lugar ser explicitado y, en segundo lugar, ser operacionalizado a través de prácticas concretas capaces de hacer eso que, en las prácticas anti opresivas y/o basadas en evidencias, se conoce como advocacy, es decir, la defensoría de derechos.

Es posible aplicar modelos operativos de justicia en la intervención social así como ha sido factible aplicar mecanismos de coordinación a las políticas públicas (Mascareño, 2010).

Otro ejemplo notable es el que viene desarrollando la Universidad Diego Portales en su informe de derechos humanos. Este centro de investigación y promoción de derechos entiende que su práctica consiste en documentar casos (como el informe sombra de migración). Es tal la regularidad de las aberraciones que se perpetran contra las personas, que estos informes generan opinión a la vez que visibilizan la situación de vulneración que viven diariamente muchas personas, logrando incluso que se cuestionen procederes administrativos y/o legales.

En resumen, lo que los interventores sociales no pueden hacer, es desconocer que operan sobre un modelo de justicia y que éste fundamenta y da valor al legado que les ha sido conferido por el Estado y la sociedad, finalmente. En la modernidad la autoconciencia se supone en todas las intervenciones sociales, por lo que ignorarla es un signo inconfundible de mala fe.

El desafío, finalmente, está hoy dado por la operacionalización de modelos capaces de dar consistencia a los conceptos de justicia implícitos en los programas sociales.

No es lo mismo entonces, promover prácticas de defensa de los derechos en favor de las personas, centradas en imperativos administrativos o centradas en un tipo de sociedad pluralista, sin discriminación y participativa. Es posible alcanzar metas específicas en promoción de derechos pero tal vez más importante que eso es contar con mecanismos capaces de dar cuenta de que lo que se está haciendo es eso y no otra cosa, cuando no mera retórica.

Ángel Marroquín Pinto
Magíster en Trabajo Social
Pontificia Universidad Católica de Chile

Acupuntura social.

Tal vez uno de los símiles más gráficos a la hora de hablar acerca de qué son los indicadores y su relación con programas sociales, sea el de la acupuntura.

La palabra ya nos da pistas: la partícula “acu” proviene del latín y quiere decir aguja, a su vez que “pungere” se refiere a punción. La acupuntura trata, entonces, de la manipulación y punción de agujas, en ciertas partes de cuerpo.

El arte de los indicadores tiene cierta familiaridad con la acupuntura.

¿En qué sentido?.

En el sentido que ambos artes se inclinan por centrar su atención en ciertas zonas específicas del cuerpo, en el caso de la acupuntura y en el programa social, en el caso de los indicadores. En ambas disciplinas su encanto y efectividad no está dado por las agujas ni la punción, sino en el arte de poner la atención (y la aguja) en el lugar apropiado.

Y es que lograr fijar la atención en cierto componente, que puede aparecer como marginal a primera vista, es esencial a la hora de generar una línea de base para un programa social. Lograr fijar la atención, cuando el programa se encuentra siendo implementado, es decir, en movimiento, es aún más difícil.

Esta última tarea requiere destreza conceptual a la vez que un trabajo operativo, dos destrezas que no suelen presentarse juntas en los policy managers que, tienen a dejar estas funciones en personas externas a la intervención, lo que acarrea beneficios y costos.
Es por ello que, cuando se piensa en el establecimiento de indicadores (agujas) es preciso, en primer lugar seleccionar las agujas, es decir, trabajar conceptualmente sobre el programa para, paulatinamente, determinar las correspondencias y relaciones entre conceptos y resultados y productos generados por el programa.

Si pretendemos observar la efectividad del programa en su ámbito de intervención social, en primer lugar deberíamos observar los enfoques de intervención subyacentes para luego contrastarlos con los mecanismos de egreso y establecer comparaciones entre los efectos producidos y los esperados por el programa. En este sentido no es lo mismo un programa que trabaja con y desde la evidencia que uno que se plantea reducir la complejidad desde la relación sistema/entorno. Ambos serán capaces de generar productos distintos, enriqueciendo, de paso, la abigarrada e inespecífica proliferación de intervenciones sociales inespecíficas, cuando no abierta y tristemente bizarras.

Acupuntura e intervención social tienen, a mi juicio, otra similitud. Y es que ambas se proponen arribar a un estado superior de sanidad, en el caso de la acupuntura a la salud integral de las personas, en el caso de la intervención social, arribar a la calidad en el proceso de toma de decisiones.

Ángel Marroquín Pinto
Magíster en Trabajo Social
Pontifica Universidad Católica de Chile

miércoles, 16 de febrero de 2011

La ciudad: preocupación constante.

Mi empeño ha estado puesto, desde el año 2007, en buscar una cierta forma de nombrar el cambio de escenario que vive la ciudad globalizada, a mi juicio desigual, pero irreversiblemente. Una de las expresiones de estos cambios ha sido la inmigración, fenómeno que ha venido a situar a la ciudad local en el vórtice de las contradicciones globales.

Durante el trascurso de estos años he realizado diversas búsquedas bibliográficas que pretendo, ahora, compartir con los lectores de este blog.

En un primer momento, en el texto que presento a continuación, se describe el carácter y alcances de diversos textos tratados en cuatro grandes categorías, en un segundo momento se señalan los hallazgos más importantes en relación a los objetivos de la búsqueda en cuatro áreas específicas para, finalmente, exponer algunas consideraciones e implicancias del fenómeno migratorio respecto al espacio local relevando los avances de las comunidades autónomas de España como referente.

Finalmente quiero señalar que cada uno de los puntos que conforman este informe es susceptible de ser ampliado y desarrollado. No pretendo reducir la solución de las cuestiones planteadas sino únicamente señalar uno de los derroteros posibles.

Carácter de los textos tratados

Son, en términos generales, cuatro las áreas temáticas en que me es posible hablar de hallazgos posibles de ser considerados por la investigación:

• El primer lugar debemos plantearnos el espacio local como contraparte de la idea que tenemos acerca de la institucionalidad municipal. Esta partición (únicamente analítica) dice relación con la tensión existente entre la construcción social de la institucionalidad estatal y los procesos sociales que se gestan y desarrollan entre la comunidad. Esta relación no es univoca ni es la “gran política” la articuladora o gestora de ella (DIAZ:1998)

A este espacio es posible nombrarlo como interregno y, pienso, denota otra relación problemática: aquella entre lo que se denomina esfera política y esfera técnica en el municipio. Por lo general es una quien actúa sobre otra a la hora de abordar lo social desde el discurso institucional. Me parece que la orientación y lectura que hace el PROFIM acerca del Municipio descansa sobre esta forma de mirar. Sin embargo ambas hablan de lógicas de comprensión que se hallan separadas de aquello que acontece en el espacio común porque ambas constituyen sustantivamente la lógica institucional.

En este sentido el Municipio es, ante todo (y a pesar de nuestro olvido al respecto), una forma de pensar: intangibilidad que irradia su lógica sobre lo social a través del interregno. Kafka habló de un castillo. Inaccesible y donde habita la insidia.

En este sentido la innovación vendría a constituir, ante todo: “un proceso de elaboración de nuevos paradigmas orientadores de la acción municipal” que viene a reforzar el funcionamiento racional operante. Bajo esta perspectiva no es posible hablar de innovación en “ausencia” ni tampoco a través, mediante, un monologo institucional que refuerza su propia lógica articulando fragmentos técnicos con retazos políticos.

• En segundo lugar el Municipio (con frecuencia, también lo olvidamos) se encuentra compuesto por individuos que deben operar en, sobre y con las contradicciones de ambas esferas (políticas y técnicas) sobre otros sujetos. Es decir: quienes hacen frente a la complejidad son los propios funcionarios y su acción se traduce en formas de actuar y sobre todo en formas de pensar que reproducen las lógicas institucionales y que son leídas desde el exterior (sobre aquello que metafóricamente llamamos comunidad pero que aún no hemos acechado suficientemente como producto y tensión generado por la globalización en la localidad).

Diremos pues que la labor de los funcionarios constituye e implica un trabajo de traducción de la emergencia de lo global en lo local. Pienso que esta labor supera los requerimientos que se le hacen a la institucionalidad y en este juego, los funcionarios deben “amoldar” la gran heterogeneidad de demandas que reciben a los estándares y productos de respuesta que tiene preparada la institucionalidad bajo sus presupuestos políticos y técnicos. Pienso que esta relación es clave para comprender la forma y mecanismos en que la complejidad de lo social ha impactado en la institucionalidad, al mismo tiempo creo que este proceso se ha dado sin que medie reflexividad alguna por parte de los actores políticos municipales. Ha ido sedimentando una forma de traducir lo nuevo a lo antiguo cosa que dificulta y nutre las diversas iniciativas de “capacitación” o “actualización” funcionaria.

Las investigaciones de PROFIM y SUBDERE no hacen justicia a la relación señalada, ya que, a mi juicio, permanecen ancladas ambas en una visión parcelada, sesgada y sobre todo estática respecto al funcionario municipal que no considera la traducción como función impuesta e irrenunciable por su carácter justamente de funcionario (es decir que función-a).

• En tercer lugar, de los textos (especialmente de aquellos que hablan de la migración) se desprende un constante cuestionamiento a la noción de territorio. Estos cuestionamientos pueden ser alineados en tres ejes problemáticos:

1) Cuestionamientos relacionados a la noción de lugar: Que hablan de la necesidad de nombrar las transformaciones en la comunidad local hacia la que el Municipio orienta su actividad productiva (como generadora de sentido).
En esta dirección la noción de territorio (como mapa, geografía) se opone a la de lugar. El lugar no corresponde a algo estático que pueda ser delimitado (ni mensurado) sino como manifestación de la emergencia de nuevos referentes enunciativos. Pienso que si nos proponemos establecer configuraciones problemáticas que hablen, dialoguen, con la complejidad, se deben dar en las coordenadas de este cuestionamiento (la comunidad, la vecindad entendidas como sub texto, no como algo dado de antemano o como contenido a problemático).

2) Cuestionamientos emergentes relacionados a la presencia: Este eje hace referencia a que nuevos actores sociales en la localidad no logran ejecutar, ejercer, la ciudadanía política en la comunidad sino como presencia, constituyendo nodos problemáticos para la institucionalidad (ya sea cuantitativamente-como números de atenciones crecientes- o imponiendo nuevas demandas al sistema institucional por canales indirectos). En este sentido la presencia de inmigrantes, por ejemplo, alteran la configuración del escenario político en la comunidad de acogida sin llegar a ser considerados ciudadanos por el sistema político local. Al respecto mi opinión es que “lo social no existe en el vacío” lo que, aplicado a lo que venimos señalando quiere decir que la estrategia política ante la presencia es la in-explicitación de la política, entendida como una actuación. Pienso que esta discusión resulta previa a la categorización de la ciudadanía que, como ejercicio, me parece tardía en el caso de ser ejecutada al ritmo del cambio de enfoque acerca del acontecimiento en la localidad.

3) La emergencia de la ausencia en lo identificable: Esto quiere decir que la in-explicitación de los contenidos dan forma a lo existente, a lo que se muestra en forma “evidente” a través de relaciones y tensiones que no resultan fácilmente señalables (sino a través del trabajo metafórico y de traducción). Las relaciones sociales en la localidad tomar cuerpo en razón de aquello que no resulta demostrable, sino que mas bien toman forma en intersticios, en bordes, en zonas periferias respecto a la acción institucional.

Estos tres ejes muestran la superficie de cuestiones más complejas asociadas al cuestionamiento del territorio en general. De ellas se desprende (sin consideración de cuestiones diagnósticas bastamente tratadas especialmente por Saskia Sassen) que comprender la complejidad de lo social en la localidad requiere re-nombrar relaciones y vínculos entre presencia y ausencia. Sassen llama a estas zonas “Contrageografías de la globalización” y encuentra en la ciudad global un espacio privilegiado para observar-nombrar estos circuitos y flujos de sentido y composición de lugar.

• En cuarto lugar y relacionado a la descentralización, es posible observar en variados textos (pero el de Claudia Serrano y de Ignacia Fernández especialmente) una vinculación entre factores institucionales formales y factores subjetivos que, señalan, se encuentran a la base del proceso de descentralización en Chile: un factor institucional y normativo; un factor de gestión y clima organizacional y, finalmente, un factor sociológico o de ciudadanía. Para ambas autoras la descentralización encuentra, como proceso, una gran dificultad en articular los dos últimos factores en desmedro del primero, en el que parecen centrar su atención, (y recursos) el Estado y las agencias de cooperación internacional.

Es en este lugar donde la noción de ciudadanía se torna problemática como articuladora de un proceso de descentralización institucional efectivo, ya que tanto el nivel regional como el local se disputan (con grados diversos de vigor administrativo, estrategias y recursos, donde el Municipio monopoliza y pervive en una imagen de “vecindad”, “trato directo” y “conocimiento real” y el nivel regional monopoliza el poder que emana del ejecutivo) la soberanía del territorio. Este me parece un elemento clave a la hora de considerar, en términos complejos, las tensiones generadas por la descentralización entre las comunas y regiones.

Otro tema que se me antoja relevante, que subyace al anterior y que se encuentra poco considerado cuando se trata la descentralización, es el que se desprende de la viabilidad técnica de los modelos implementados vía asignación de fondos externos (BANCO MUNDIAL, BID entre otros). Si bien el BID ha entregado recursos para contribuir a profundizar procesos de descentralización en la región (durante etapas sucesivas y a su juicio, complementarias), estas asignaciones se han realizado, históricamente, no contra modelos de desarrollo, sino por tareas a implementar (SUBDERE: 1999).

Esta tendencia se ve reforzada por la amplia batería de mecanismos de inversiones del Estado en el nivel local . Esta tendencia se da en un contexto en el que los Municipios son llamados a pronunciarse (técnicamente) acerca de temas de carácter más amplio que aquellos a los que estaban habituados . Frente a ello nos preguntamos ¿Se encuentran realmente informados los Municipios acerca de las múltiples relaciones que subyacen a una demanda local y a las implicancias de sus respuestas? O ¿Es el Estado, mediante su creciente oferta de servicios sociales en la localidad, quien ha asumido (y monopolizado) la tarea restando (facilitando la tarea diagnostica) el análisis multifactorial a los responsables políticos de la localidad?. Sin perjuicio de ello son argumentaciones políticas las que se hallan a la base de consideraciones de carácter técnica a las que son llamados los Municipios (por ejemplo acerca de los problemas asociados a la pavimentación urbana y el desarrollo de zonas específicas en las localidades).

Respecto al ámbito social es dable señalar que la disposición técnica que se orienta a la política municipal debería encontrar asidero en un nuevo “pacto social” entre gobernados y gobernantes que sea mediado por la relación costo-eficacia del servicio asignado por la institución a sus ciudadanos/contribuyentes. En este sentido es posible develar una relación de necesidad entre: 1) Una demanda por mejores servicios sociales por parte de la comunidad con más altos impuestos pagados por los contribuyentes y 2) La necesidad de crear técnicamente un sistema de incentivos para los trabajadores del sector municipal y a la vez establecer alianzas estratégicas con nuevos actores sociales (tercer sector y organizaciones de la sociedad civil).

Política migratoria y gobierno local en Chile. Algunas consideraciones preliminares

La política migratoria en Chile no contempla el ámbito local como “sector estratégico” respecto a su implementación efectiva ; esto limita el alcance y efectividad de la política migratoria (nacional) y a la vez le resta efectividad (respecto al control poblacional), es decir, la mantiene situada en un plano abstracto (donde parece radicar el espíritu de los tratados internacionales firmados por Chile y que protegen los derechos de los migrantes: ONU, OIT,) sin un respaldo cercano, efectivo, empírico (que sí poseen algunas políticas migratorias europeas que se desconcentran y descentralizan a través de los Municipios que reciben más población inmigrante).

Intuyo que este desfase proviene no del espíritu de la política, sino de la desidia (y desvalorización sistemática del trabajo de cara a las personas) e ignorancia respecto a la realidad comunal (y su heterogeneidad) de quienes se ven en condiciones de “aplicar” estas políticas.

Por otra parte el municipio debe hacer frente a complejas situaciones en el campo local sin contar el apoyo estatal quien más bien parece interesado en las externalidades negativas de la inmigración únicamente (indocumentación, irregularidad, trata de personas para la explotación sexual etc.)

En este sentido (y como parangón) la política social del Estado opera en forma paralela (asimétricamente) a los servicios sociales municipales, situación que la ficha de protección social, como criterio de asignación, no ha hecho sino acrecentar al plantear una nueva relación entre postulación y asignación efectiva del subsidio .

Nos tropezamos una vez más con la siguiente problemática: los Municipios son sistemas políticos locales en que se articulan intereses políticos nacionales y la política migratoria obedece a criterios geopolíticos nacionales pero que actúa bajo presupuestos técnicos que buscan controlar externalidades generadas del proceso inmigratorio en su conjunto (trata de mujeres para la explotación sexual, in documentación, trafico de personas etc).

La política migratoria actúa bajo parámetros técnicos (y geopolíticos) y el Municipio bajo premisas políticas: ¿Cómo es posible construir un puente entre ambos?

La migración no es un tema nacional (cosa que no solo resulta altamente sospechosa sino que abiertamente contraproducente dada la urgente necesidad de importación de mano de obra para algunas regiones, como la IV) pero tampoco se encuentra posicionado en la agenda política local.

El Departamento de Extranjería y Migración implementa una amnistía migratoria e inmediatamente la indocumentación deja de ser un problema para ella y, sin embargo, el tema social (hacinamiento, malas condiciones sanitarias, discriminación, racismo y vulneración de derechos, entre otros tópicos) es obviado y se subentiende que el Municipio es el responsable de ellos. El gobierno central tampoco manifiesta la intención de dotar de recursos al gobierno local para que aborde la situación social de la inmigración en la comuna porque confía en que los Municipios cuentan con recursos para ello y a la vez porque resulta injustificable actuar sobre un segmento de población (paradojalmente esta vez la política social resulta exclusivamente universal/nacional ya que a ella no pueden acceder inmigrantes sino cuando poseen una permanencia definitiva).

Se observa, pues, un entrecruzamiento de niveles dentro de los actores que tratan la temática migratoria lo que hace preciso delimitar objetivos trasversales a la gestión migratoria y al área social del Municipio (DIDECO): integración social, cohesión, proximidad.

Sin embargo existe una tensión entre quienes diseñan las políticas de inmigración y los gobiernos locales donde estos últimos tienen nula o escasa incidencia sobre los primeros (razón por la que se hace cada vez más necesario promover la consulta, participación institucional, la información y el asesoramiento desde el gobierno central respecto a los Municipios que reciben y mantienen en su territorio el mayor número de población inmigrante).

Ambos niveles se superponen, poseen atribuciones distintivas, sin perjuicio de ello (y de su efectividad ya cuestionada), deberían complementarse técnicamente. Esto es posible únicamente si el Municipio adopta una política de GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD (que plantee un nuevo trato que contemple a la migración internacional, entre otros “extranjeros” u “hombres infames” -una política de inclusión y de proximidad- y, por otra parte, el Ministerio del Interior adopta una visión estratégica que implique una alianza con los Municipios que concentran la mayor tasa de inmigrantes.

La migración internacional obliga a los gobiernos locales a adaptar y re diseñar sus servicios sociales en relación a la diversidad y heterogeneidad de la población local . Esto se torna una posibilidad de innovación institucional y a la vez permite re dimensionar la labor social del municipio en su conjunto al abordar temas como la cohesión social, la inclusión y la gestión de la proximidad, en este sentido, la inmigración actúa como catalizador de procesos sociales más profundos y que obligan a la adaptación, reacomodo al sistema institucional Municipal respecto a la realidad puesta en cuestión por la inmigración. A la vez y sobre todo a un cambio en su forma de mirar (se).

Áreas de innovación en lo social respecto a población inmigrante. El Buttom Up.

Como señaláramos más arriba la migración obliga a generar lógicas de comprensión que den cuenta de una forma de tratar con la institucionalidad y la localidad más allá de una articulación centro-periferia. En este sentido, pronunciarse acerca de la inclusión y la proximidad.

El buttom up permiten redirigir (cambiar, ampliando el foco) la mirada de la institución Municipal respecto a los procesos sociales que se generan en la localidad y que le impactan, transformándola, promoviendo la articulación de los nuevos agentes respecto a lógicas de proximidad emergentes y en las que se involucra la institución como un todo. Implican, por lo tanto, una articulación (que no es necesariamente más costosa ya que como señaláramos lo que cambia es la “racionalidad”, el foco) entre los recursos y la comunidad que no pasa necesariamente por que la cartera social del Municipio se vea obligada a trabajar siempre con los mismos criterios con que lo hace el Estado a través de la política social (subsidariedad) segmentadora. Lo que es claro es que requiere que la institución sea concebida como entidad que se trasforma junto al proceso.

La idea no es replicar esta clase de experiencias sino aportar una visión compleja acerca de lo que es posible y cómo el Municipio (entendido como gobierno local) se puede ver beneficiado al nutrirse de lo que sucede en su “periferia interna”.

Una comprensión de lo social en la localidad y las tensiones que se generan a partir del suceso inmigratorio precisa comprender que éstos demandan nuevos esquemas para observar e intervenir lo social (ahora presionado por la inmigración a hablar).

En este sentido la migración no es sino un componente más en la trama local y a la vez un prisma que permite darle forma a una relación que no es ajena a otros grupos en situación de riesgo.

Debe ser explorado el limite del “bottom up” en relación a la inmigración: ¿Hasta dónde se encuentra el empeño de la institución puesto en juego al plantear las normas del juego político sin una noción de ciudadanía cuestionada?, ¿Qué tan arriba (acceso al poder político local) pueden llegar los inmigrantes en esta perspectiva?

Insisto: en la inmigración se ponen en juego cuestiones de soberanía. El jaque de la migración al sistema político local, va más allá de la materialidad en que se traduce la participación, es una presencia que es preciso conjurar desde el estado nacional y en la que éste se debe manifestar abiertamente acerca de lo que espera de la mixtura. La migración plantea una confrontación simbólica oculta tras la primacía de lo económico en su consideración polític
a.


Ángel Marroquín Pinto
Magíster en Trabajo Social
Pontificia Universidad Católica de Chile

jueves, 3 de febrero de 2011

Don Quijote de la Mancha como aproximación estética a lo psicosocial.


-¿Qué, te faltan las alforjas, Sancho? – Dijo Don Quijote.
-Si que me faltan -respondió Sancho.
-Dese modo no tenemos que comer hoy, -replicó Don Quijote.
-Eso fuera –respondió Sancho,- cuando faltaran por estos
prados las yerbas que vuestra merced dice que conoce,
con que suelen suplir semejantes faltas los tan mal aventurados
caballeros andantes como vuestra merced es.
Don Quijote de la Mancha

Dispuse de la cita anterior a fin de hablar libremente acerca de lo que podría llegar a ser una cierta aproximación estética a la intervención psicosocial. Pido perdón, de partida, a los guardianes de la tradición literaria y a los ortodoxos (de la variada laya existente) y puristas estéticos.

En la cita, se habla de dos personajes ya estas alturas paradigmáticos: Sancho Panza y el Quijote. A fin de producir los efectos gráficos deseados en esta columna, diremos que el primero representa lo social y el primero a lo psíquico.

El estatuto de lo psicosocial en la intervención parece estar dado, entonces, por la unidad y no la dualidad. Parece suceder que dos no es igual que uno más uno, tal como canta el trovador español. Quijote y escudero forman una entidad indiferenciada a primera vista y, sin embargo, separadamente representan cosas diametralmente opuestas. Ojo, no decimos contradictorias sino opuestas.

Sancho, en este sentido, nos hace ver (nos recuerda) el imperativo material y, a través de ello, aquello que llamamos mundo de lo concreto (el mundo de la praxis, finalmente). En los contextos en que se llevan adelante muchas intervenciones sociales la necesidad material apremiante es aquella que urge a las personas y sus familias a “pedir ayuda” a (y en los) los programas sociales. Si bien esta distinción es clara en programas relativos a pobreza, no es menos cierto que en lo relativo a motivos de consulta asociados a otros campos (como infancia, juventud, mujeres, inmigrantes etc.), también resulta claro que parte de éste (motivo de consulta) se encuentra vinculado al ámbito de lo concreto. No pretendo reducir uno a lo otro sino únicamente señalar la asociación. Nada más lejos de mis intenciones que los determinismos, de cualquier clase.

Por otra parte, el Quijote representa el mundo del espíritu, los valores, la trascendencia y, en la interpretación que intentamos aquí, al campo psíquico. Este componente corresponde al componente intangible puesto en la relación y que se desenvuelve y expresa en las conversaciones relativas al motivo de consulta y devenir profundo de la intervención.

Tanto el Quijote como Sancho constituyen formas de aproximarse a la complejidad del entorno, son por tanto, al decir de Luhmann, formas de “reducir la complejidad” puestas en juego en la intervención. Cada una de ellas posee un representante: el servidor social y el psicólogo. Ninguno de los dos tiene, tal como el libro de Cervantes nos recuerda, preeminencia sobre el otro, ambos se complementan sin jamás poseer más poder uno sobre el otro. Si bien a uno lo mueve la ambición y al otro ideales, la realidad que ambos comparten se encarga de mostrarles que tal vez no hay más recompensa que esa errancia aventurera que ambos comparten.

Tal vez la única conclusión a la que podríamos (en infinitiva) arribar, es a la preeminente unidad del componente psíquico y el social en las intervenciones psicosociales. En este sentido, puede ser beneficioso dejar de interpretar la unión de ambos componentes en algo así como un “amancebamiento”, es decir, como una cercanía indistinta en que no se conjugan las especificidades de cada componente y avanzar en disponer de metáforas como la del “caballero de la triste figura” en que cada elemento se solaza en su especificidad sin dejar de responder, a su manera, a la cuestión social y, sobre todo evitar un dialogo como el acontecido entre Babieca, el caballo del Cid y Rocinante el del Quijote:

Babieca: ¿Metafísico estáis?.
Rocinante: Es que no como.


Ángel Marroquín Pinto
Magíster en Trabajo Social
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Crítica a las políticas sociales.

A menudo las críticas dirigidas contra las políticas sociales encuentran su meollo en su supuesta ineficacia y/o ineficiencia. Un ejemplo reciente y paradigmático al respecto podemos encontrarlo en la última publicación de Larrañaga y Contreras (2010), sin embargo, y pese a la densidad y pertinencia de las críticas empleadas habitualmente se deja fuera, porque no se lo explícita, el análisis de la estrategia crítica empleada.

Dos han sido las estrategias críticas contra las políticas sociales: la primera de ellas se orienta a la desigualdad que (re) producen. En esta vertiente el eje crítico se encuentra dispuesto contra el modelo económico que hace de las políticas sociales meras respuestas subsidiarias a un proceso creciente de pauperización de la mayoría de la población expoliada en el contexto de un modelo económico (neo) liberal. Este tipo de estrategia hizo su aparición y se consolidó con y en la denominada tendencia teórica surgida al amparo de la teoría de la dependencia y el subdesarrollismo. Sus exponentes más importantes fueron Gunder Frank, Anibal Quijano y, desde un frente menos radical, Fernando Henrique Cardoso. Muchos de estos autores, durante los años noventa y al amparo de la CEPAL, renegaron de sus afirmaciones marxistas, en fin.

Un segundo eje crítico es posible dimensionarlo a partir de consideraciones de carácter “técnico”. Aquí decir que las políticas sociales son ineficientes, quiere decir que pueden ser corregidas, que a su vez quiere decir que pueden ser (y de hecho lo son), constantemente revisadas y corregidas por los especialistas para los destinatarios y públicos a los que van dirigidas. Esta estrategia crítica más bien fáustica, conduce a una cierta fantasía de cambio y mejoramiento en la gestión de las políticas públicas que puede ser fácilmente asimilable a un juego de suma cero. Respecto a este ámbito es posible mencionar infinitos trabajos de investigación, especialmente aquellos desarrollados en el Instituto Libertad y Desarrollo, Fundación Jaime Guzmán, entre muchos otros, en fin.

No soy partidario de ninguna de las dos estrategias mencionadas (que a fin de cuentas resultan predecibles por demasiado ideologizadas, cuando no al servicio obvio de circunstantes políticos) y, sin perjuicio de ello, me parece que circunscribir las potencialidades críticas respecto a las políticas sociales a ambas, le resta un potencial enorme a la crítica. Es, a fin de cuentas, una forma de reduccionismo que no se condice con el estatuto de la crítica.

Si bien la noción de desigualdad es un punto insoslayable a la hora de señalar desde donde las políticas se estructuran y proyectan, no lleva esto a aumentar sus rendimientos técnicos ni mucho menos a mensurar sus impactos.

Pienso consideradamente en las posibilidades críticas dejadas de lado por la dicotomización de la crítica estatuida, oficial.

Pienso todo el tiempo en las críticas posibles y en los diálogos entre ellas.
Desde, por ejemplo, la noción de proximidad respecto a las minorías mapuches, de refugiados o inmigrantes en ciertos gobiernos locales, pienso en las posibilidades estéticas como ejes críticos en las políticas habitacionales, pienso en las posibilidades críticas de la biopolítica y los enfoques foucaultianos en los discursos respecto a intervenciones con niños/as vulneradas en sus derechos, pienso en los enfoques antiopresivos y la construcción de advocacy o en las prácticas que construyen evidencia para promover, desde ellas, la defensa de derechos de mujeres golpedas.

En fin, Trabajo Social se presenta como una estrategia crítica capaz de romper con la actual dicotomía (más bien monoteísta, aburrida, ideologizada y dividida en buenos y malos) en política social. Para ello la disciplina está llamada a enfocar sus potencialidades críticas desde enfoques contemporáneos en Trabajo Social y no en el mero empirismo y/o revolucionarismo, como actualmente sucede en las cavernas participativas o los acondicionados ministerios.

Ángel Marroquín Pinto
Magíster en Trabajo Social
Pontificia Universidad Católica de Chile

Puntos ciegos.

Tal vez nada nos define tan claramente como aquello que no vemos. En cualquier actividad de la vida parecemos –cuando no lo estamos realmente-, arrojados a una especie de constante premura e impelidos a “hacer”, ya sea por nuestras inclinaciones, deseos o mera pervivencia.

Pero, ¿qué sucede cuando nuestro quehacer consiste en prestar servicios, de esos denominados en la jerga técnica como “personales”?, es decir, esos que se brindan cara a cara y dependen tanto de la destreza del operador como de componentes emocionales puestos en juego en la situación.

¿Nos apercibimos en algún momento (realmente y con las consecuencias que acarrea) que disponemos seriamente de eso que la literatura psicológica llama, pomposa y esquivamente: ‘yo’?, y ¿qué sucede cuando vemos que el ‘yo’ no es entendido como parte accesoria, sino fundamental en el hipotético logro de las tareas, objetivos e impactos de nuestro quehacer disciplinario?.

Salvo en instancias terapéuticas o bajo paradigmas de intervención social marcadamente psicológicos (como el Trabajo Social hermenéutico, especialmente aquel de origen francés e influenciado por el psicoanálisis lacaniano, como el que plantea Saul Karsz), resulta difícil considerar que las agencias que diseñan e implementan programas sociales en la actualidad, consideren seriamente que los interventores sociales trabajan –y (se) ponen en la intervención social-, nada más y nada menos que cosas distintas a su inteligencia, destreza y aptitud, cuando no únicamente la buena voluntad como ocurre con muchas y de las más reputadas mediáticamente.

Si bien es posible apuntar que los mejores programas sociales (¿cuáles son?, ¿dónde es posible rankear esos programas?) cuentan con sistemas de prevención de burnout, muchos otros, al ser consultados, “creen” que cuentan con éstos sistemas llegando incluso a confundirlos con diversas actividades del amplio y variopinto género del mal llamado “folclor laboral” tipo “minuto feliz”, “minuto de confianza” o “asados” en todas sus vertientes.

Como sea, parece no sólo existir una mala comprensión de lo que significa el burnout, sino que algo mucho más grave: se ignora el estatuto de lo psíquico en la intervención social, cuando no se lo reduce a burout, es decir, se lo trata como una externalidad negativa producida en el proceso de generación de servicios personales.

Esto no afecta únicamente a la institución en lo que puede cuantificar (y en definitiva, ver). Por ejemplo en términos administrativos, como nos puede hacer creer el considerar unidimensionalmente que el burnout es una manifestación de una mala planificación y/o distribución de funciones en la intervención (entre otros muchos factores que guarda y expone la literatura respectiva); tampoco que la afecta económicamente al restarle trabajadores y aumentar el número de licencias por enfermedades laborales asociadas a salud mental.

El burnout, entonces, en los equipos profesionales que trabajan en intervenciones sociales es una (entre muchas otras) manifestación de un problema de fondo: la existencia de puntos ciegos que la constituyen y que es donde encuentra su especificidad aquello denominado como intervención social.

Tal vez uno de los puntos ciegos que no ve la intervención social –y que no ve que no ve-, tenga que ver con el estatuto psíquico de lo social, entendido como mecanismo de reproducción de lo social. En este sentido, la ceguera se debería más que a una ausencia técnica, a una expresión de aquello que se denominaba antiguamente como ideología.

Ángel Marroquín Pinto
Magíster en Trabajo Social
Pontificia Universidad Católica de Chile

Intervención social, sin vergüenza.

En cierta ocasión, que no vale la pena mencionar, asistí a la exposición de una joven mujer que, al ser consultada acerca de los resultados esperados y los indicadores respecto a la intervención social que llevaba adelante la organización que ella representaba me dijo, sin vergüenza: “nuestro resultado es que los niños salgan parados en dos patas y que no salgan cojeando”. Si después de estas palabras quedaban dudas, ella las dispersó al concluir adustamente: “queremos que tengan una conciencia distinta cuando salgan del programa”.

Al principio no dejó de provocarme risa el desparpajo de la circunstante, al cabo de un rato y cuando era evidente su seriedad, el silencio y el apoyo moral tácito que ciertos oyentes parecían darle, me llevaron a detenerme e intentar pensar acerca de qué circunstancia era capaz de provocar una respuesta (o exabrupto, como quieran) como aquella.

Podría recurrir fácilmente a tópicos del tipo: 1) crecimiento desmedido de los programas sociales ejecutados por ONGs durante la segunda mitad de los años noventa, 2) indeterminación de las funciones y objetivos de estas organizaciones, 3) falta de fiscalización seria respecto a estos programas por parte de los organismos competentes, etc.etc. No lo haré porque ya los he tratado en otras columnas y porque me parece haber encontrado una perspectiva mucho más interesante.

Habitualmente las intervenciones que se llevan adelante al amparo del Estado cuentan con metas e indicadores que señalan que los directivos de las ONGs utilizan los recursos en forma óptima (es decir, de la forma en que se ha dispuesto en las bases de licitación). Lamentablemente en la mayoría de los casos estas metas se expresan en indicadores de cobertura, es decir, el proyecto X cumplió con tratar a 50 jóvenes durante el tiempo estimado y en tales circunstancias. Rara vez, sin embargo, la supervisión se orienta a fiscalizar los impactos de las intervenciones en los sujetos, sus familias y sus entornos. Sin esto, la intervención cae en una especie de indeterminación que no hace sino dejar en la opacidad lo mejor (y lo peor) de las intervenciones sociales.

El momento crítico, es decir aquel en el que se expresan y grafican, las circunstancias pobres en que se despliegan las pobres intervenciones para gente pobre, llega cuando los operadores, se ven en la circunstancia de responder al egreso del sujeto del programa. Preguntas como ¿Cuándo egresan las personas del programa?, ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplir para que se produzca el egreso? o ¿cómo llevan a una persona de A a B?, pueden ayudar a que los operadores expliciten, a través de una especie de acto mayéutico, sus quehaceres.

Ahora que lo pienso mejor, cada uno de nosotros podría eventualmente contribuir a esta especie de accountability silvestre que, a fin de cuentas, no hace sino dejar en evidencia una cierta psicodelia macabra que permanece oculta en algunas intervenciones sociales puesto que cuando los indicadores de la intervención no resultan claros, los operadores requieren a justificaciones “testimoniales” como la que mi interlocutora circunstancial proponía. Esta circunstancia podría transformarse a su vez en un indicador de ausencia de indicadores que es preciso fiscalizar.


Ángel Marroquín Pinto
Magíster en Trabajo Social
Pontificia Universidad Católica de Chile

jueves, 20 de enero de 2011

Éticas prestadas.

Lo ético no se puede enseñar. Si mediante alguna teoría pudiera aclarar
a otro en qué consiste la esencia de lo ético, lo ético carecería de valor.
Wittgenstein

A menudo, quienes se afanan en lo social, se encarnizan (también) en expresiones vacías. Hoy nos ocuparemos especialmente de una de las más recurridas: la ética. Procuraremos hacerlo desde un ángulo poco abordado. He ahí el éxito o fracaso de esta columna.

Ya en su ética a Nicómaco, Aristóteles señalaba las particularidades del saber ético, entre otras, señalaba su carácter práctico: “la virtud del hombre será también el modo de ser por el cual el hombre se hace bueno y por el cual realiza bien su función propia” (ETICA A NICÓMACO,167, Gredos), afirmaba el estagirita.

La ética es pues, desde Aristóteles, un trabajo que implica íntegramente al hombre, a la vez que es un saber de carácter práctico y que se expresa en una cierta “forma de ser” que daría cuenta del desarrollo ético.

Ahora, ¿qué sucede cuando las personas no hacen el trabajo ético sobre sí mismos sino que “piden prestado” modelos éticos, es decir, formas de pensar y actuar? O cuando por pereza optan por “ir con la corriente” y soslayar eso que, desde la Ilustración viene denominándose pensamiento propio (el SAPERE AUDE Kantiano).

Puede ser que recurran a modelos éticos que más que destacar la diferencia (de comportamiento, de una forma de ser), al ser formas “prestadas” y, por lo tanto, sin profundidad, tiendan a uniformar, a replicar el “modelo ético” desde el que provienen.
Esta es la situación en que se encuentran las diversas gamas y layas de militantes y las reglas con que “miden” o creen medir (recordemos que según Borges, la metafísica es una forma de ciencia ficción), éticamente a sí mismos y a los demás.
La ética, en su sentido eminente es distinta algo muy distinto a “coartada”, en sus vertientes intelectuales y prácticas.

Las éticas de esclavos son justamente, las éticas prestadas, aquellas capaces de ser compradas y/o venidas en el mercado intelectual y que, curiosamente para el observador atento, dotan a sus portadores de cierta aura de seguridad que les viene como anillo al dedo y que se adapta a cada circunstancia.

En este sentido cuán brillantes, diferentes y bellos/as, en esta época de reflexión indolora y superficialidad entronada, son aquellos/as trabajadores de lo social que tienen conciencia de las adversas condiciones en que viven (y trabajan) y, aún así, perseveran, consumen y queman todo su combustible para, por un segundo, dejar brillar su autenticidad inútil, tan duramente conseguida y la proyectan en algo que, lejos, supera sus fuerzas.

Ángel Marroquín Pinto
Magíster en Trabajo Social
Pontificia Universidad Católica de Chile

lunes, 17 de enero de 2011

Digital Activism

This intensive course aims to make individuals more comfortable using the Internet for activism. Modules include interacting online, creating a blog, influencing national and local policy, sending HTML newsletters, and engaging with the media. Participants must already be confident using a computer and email. These trainings will take you to the next stage of using the Internet to create social change.

Next course Feb 1-March 17, 2011. Application Deadline: January 26, 2011.

Apply Now


El discreto encanto de la sistematización.

Cuanto más domesticado está el hombre,
tanto más se deja engañar por cualquier patraña.
Ernest Jünger, EUMESWIL.


Si existiera una entidad capaz de llevar adelante un accountability conceptual respecto a las (in) fidelidades conceptuales que declaran, sabiéndolo o no, los interventores, seguramente se ahorrarían muchas incomodidades a los públicos a los que esas intervenciones van dirigidas.

Tal vez una de las más sospechosas declaraciones que perpetran los interventores, en sus variantes psico y social indistintamente, es la de llamar a sistematizar, ese acto de fe.

¿Qué es eso de sistematización? Y, sobre todo, ¿por qué aún ejerce esa fascinación?.

La sistematización corresponde, nada más, que a un método que se propone como garante de una reconstrucción, por la práctica, de un conocimiento teórico. Se la define habitualmente como: “Proceso constante y aditivo de elaboración de conocimiento luego de la experiencia en una realidad específica. (...) que consiste en el primer nivel de teorización de la práctica. En la sistematización de experiencias: "las experiencias son vistas como procesos desarrollados por diferentes actores en un período determinado de tiempo, envueltas en un contexto económico y social, en una institución determinada”.

En su variante institucionalizante, la sistematización es definida como: “la recuperación de la experiencia en la práctica (de la práctica), como producción de conocimiento y como forma de empoderar a los sujetos sociales de la práctica. Asimismo, la metodología a utilizar debe considerar a los usuarios/as (niños/as, adolescentes, adultos responsables, familias, actores locales, etc.), los contextos, la intencionalidad, los referentes (conceptuales, políticos y culturales), contenidos y resultados. Dicho documento debe ser realizado por personas que participan o colaboran de la experiencia de trabajo OPD, quienes se formulan preguntas y están interesadas en comprender y mejorar la práctica” (SENAME, bases técnicas).

No estamos hablando ya de las comunes confusiones que toman a la sistematización como la vulgar confección de un informe de actividades o una antología de actividades de militancias dudosas y de hechos dispersos.

Antes de abordar lo que se me aparece como el discreto encanto de la sistematización, abordaré brevemente (puesto que lo he tratado en otras columnas, en conversaciones y en artículos) mis argumentos contra esa cosa llamada sistematización.

En primer lugar es preciso decir que la sistematización es una práctica eminentemente latinoamericana y que hunde sus raíces en la influencia del pensamiento marxista en el continente, de la teología de la liberación y la educación popular. Las dos últimas corrientes de pensamiento (puesto que no corresponden a filosofía alguna) se encuentran en el más absoluto descrédito académico hace muchos años puesto que, en sus vertientes más estructurales, positivizan al sujeto y se encuentran ancladas en una filosofía de la conciencia que, una vez acontecido el giro lingüístico, poseen muy poca consistencia. En este sentido comparten, ambas, un carácter testimonial y, por lo general, son citadas como parte de una ambigua historia de lo que antiguamente se llamó: trabajo de base, cambio social, acción transformadora, etc etc etc.

Hay que decir que lamentablemente Trabajo Social ha permanecido anclado en un cierto “monoteísmo” que ha llevado a que muchos profesionales, enceguecidos, piensen que existe “un” trabajo social y algo así como “un método”. Este tipo de pensamiento, hay que decirlo, ha sido promovido desde centros de estudio, academias y ordas de todo tipo, más que por interés en el “cambio social”, en beneficio propio y debido a una cierta insularidad más cultivada en beneficio propio (y en detrimento de los estudiantes) que de la supuesta transformación social.
En segundo lugar y centrándonos en la vertiente filosófica más seria desde la que proviene y se sostiene el concepto de sistematización (esa que encuentra en Boris Lima uno de sus mayores exponentes), podemos decir que al dividir teoría y práctica (y de hecho, al darle un estatuto tan preeminente a la práctica sobre la teoría), la sistematización cae en el error que ya Adorno, (ese marxista sin marxismo) había previsto: positivizar la división entre sujeto y objeto. Pensar que la teoría puede ser “levantada” desde la práctica es tener al saber teórico por algo “osificado” y, caricaturizando, es como pensar que el conocimiento está en las bibliotecas y no en todos lados.

La pasión con que se tiende a defender la idea de sistematización es digna de mejor causa, como por ejemplo, la construcción de indicadores para, a fin de cuentas, dar a las personas los servicios que se les prometen y además, con justicia, demostrarles que se está haciendo eso y no otra cosa, cuando no demostrar que no se les está haciendo un daño.
La sistematización tiende a confundir ambos polos: pone a los profesionales bajo la retaguardia de la “teoría” y a la práctica en el campo de lo ignorado, que es finalmente el lado donde se encuentran las personas sujetas a los servicios. Cuando alguien pide a otro sistematizar, le está diciendo algo como: “Piensa ahora en lo que hiciste mientras no estuviste pensando en lo que hacías”.

Cuando se habla de sistematizar, se habla de soslayar la ausencia de modelos de intervención fundados en matrices epistemológicas contemporáneas y no es simples panfletos o declaraciones de buenas intenciones. Finalmente la sistematización esconde algo mucho más grave, la improvisación: ellos, quienes sabían lo que hacían (y tomaban decisiones que concernían a personas), parecen ahora, al momento de sistematizar, no estar tan seguros de saber lo que hacían, en calidad de “especialistas” en intervención.

Dudo que a alguien se le ocurriría consultar a un médico que no estuviera seguro que lo que hace y que, luego de operarlo, se pusiera a sistematizar la operación para saber cómo lo hizo.

Por esto y otras razones que me reservo, soy un enemigo más de la sistematización.
Ángel Marroquín Pinto
Magíster en Trabajo Social
Pontificia Universidad Católica de Chile

miércoles, 12 de enero de 2011

La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano

El primer Informe sobre Desarrollo Humano, en 1990, comenzó con una premisa simple que ha orientado todo su quehacer posterior: “La verdadera riqueza de una nación está en su gente”. Al corroborar esta afirmación con un cúmulo de datos empíricos y una nueva forma de concebir y medir el desarrollo, el Informe ha tenido un profundo impacto en las políticas de desarrollo del mundo.

Descargar resumen.

martes, 11 de enero de 2011

lunes, 10 de enero de 2011

¿De qué hablamos cuando hablamos de sensibilización?

Consultando a la RAE acerca del verbo sensibilizar, — luego de asistir a una anestesiante charla pseudo académica, pseudo funcionaria, pseudo política, etc —, arribé a la raíz latina de la palabra: sensibilis, es decir, y como dice el incorregible diccionario, se refiere a hacer sensible, o dicho de otra manera, representar de forma sensible.

¿Por qué me di a la tarea de buscar el significado del verbo sensibilizar?
Porque me parece una de esas palabras “comodín”, que usan los malos expositores para referirse a cualquier cosa y a ninguna a un tiempo.

Los auditores inocentes o de mala fe, hacen como si no oyeran estas palabras, las dan por supuestas. Todo el mundo debe entender lo que se dice cuando se dicen cosas como: “nuestra tarea es sensibilizar a la población respecto a tal o cual importante asunto (…)”. Si sabemos cuál es el sentido del verbo sensibilizar, veamos ahora si se encuentra en sintonía con ella, las prácticas que dicen hacerle razón en la práctica.

Llaman “sensibilizar” algunos operadores sociales, especialmente aquellos afanados en “prácticas comunitarias” —otro concepto comodín que no hace sino ocultar simplemente el activismo político—, a mostrar, a través de acciones concretas (que van desde el teatro callejero a los llamados de atención) un contenido.

La idea es que el sujeto, el oyente, “cambie” su forma de pensar acerca del asunto a través de la experiencia sensible de la acción, de la palabra. ¿No es esto lo suficientemente ingenuo como para sospechar?.

¿Es posible y/o justo que se gaste dinero pensando que las personas cambian a través de discursos o acciones sensibilizadoras?. Yo creo que no, en primer lugar porque el mecanismo que explicaría el cambio en las personas es demasiado rudimentario: sensibilizar se refiere a hacer sensible, no a la forma en que se hace, no se enfatizaría lo primero (el contenido) sino lo segundo, las acciones, transformándose la “sensibilización” en algo meramente fáctico. Es así como, entonces, sensibilizar, sería sinónimo de “hacer cosas” que muestren contenidos previamente seleccionados por los operadores.

Lo que me preocupa de las acciones de sensibilización que dicen llevar adelante los programas no tiene que ver ni con el contenido ni con la forma en que se expresan, sino con la forma en que miden los impactos de estas acciones de sensibilización, es decir, los indicadores en los que se expresa la representación de lo sensible.
Es distinto decir sensible construyendo dispositivos conceptuales capaces de medir los impactos fácticos de las acciones emprendidas, que decir simplemente, sensiblería.

Crítica al concepto de sensibilización (instalar en el lenguaje), advocacy, ej: prostitución infantil v/s explotación sexual infantil. Explotación sexual infantil—capitalismo (en su variante neoliberal)—cuestión social---ideología…del interventor, del intervenido.


Ángel Marroquín Pinto
Magíster en Trabajo Social
Pontificia Universidad Católica de Chile

Personas que no entienden.

Recuerdo la honda impresión que me causó, en una ocasión, las palabras que le oí a una persona —de alto rango en la administración pública—, que al presentársele una carta que debía ser leída a una población dijo: “es necesario bajarle el lenguaje porque la gente no lo va a entender”.

¿Qué es aquello que me impresionó? y, sobre todo, ¿por qué lo traigo hoy a este espacio?.

¿La violencia verbal expresada contra las personas que componen la “población” y que se expresa en una disminución del lenguaje?, ¿la existencia de un empobrecimiento del idioma que les sería esencial a las personas que viven en las poblaciones?. No.
Lo que le impresionó fue el hecho constante de: basar las intervenciones sociales en el empobrecimiento y también una cierta lógica “abajista” que se expresa en ellas.
Que las intervenciones se basen en el empobrecimiento quiere decir que se encuentran centradas en una lógica en la que la pobreza es el foco de atención y su superación el objetivo. Pobreza no es desigualdad.

Así como a nadie se le ocurriría dirigirse a un dilecto grupo de “pobladores” de Las Condes o Vitacura, sin un refinado uso del idioma español (a estas alturas más cercano al spanglish), tampoco se le ocurriría pensar que las condiciones sociales iniciales para un niño nacido en una población del extremo oriente y una del extremo ponientes de Santiago, es la misma.

En los países altamente desiguales como Chile, la trayectoria vital se encuentra marcada (a sangre y fuego) por la desigualdad. Por eso, cuando este señor dice: “no van a entender”, está actuando con sentido común, sin embargo, sin razón.

Si el foco no es la pobreza, sino la desigualdad social, el concepto de oportunidad cobra sentido. Es posible comprender, medir la desigualdad y actuar sobre ella.

Actuar sobre la desigualdad quiere decir que cuando se orientan intervenciones hacia las “poblaciones empobrecidas” estas deben contar con un alto nivel de sofisticación, puesto que se proponen actuar en contextos complejos, cambiantes y que ya han sido previamente “colonizados” por muchísimas intervenciones previas (muchas de ellas caras e inútiles).

No es factible pretender combatir la desigualdad social con empleos mal remunerados o con escuelas de baja calidad, a la extrema desigualdad sólo se la combate con intervenciones de alta calidad.

Puede ser que no todas las personas entiendan un lenguaje “elevado”, así como puede suceder también que no todos los operadores sociales sean capaces de comprender lo que hacen, sin embargo, los operadores sociales tienen la obligación de usar el lenguaje y el idioma en toda su potencialidad para llevar adelante intervenciones sociales capaces de levantar oportunidades de calidad.

Ángel Marroquín Pinto
Magíster en Trabajo Social
Pontificia Universidad Católica

Psicologismo social.

Pretender dotar a lo psíquico de un estatuto social omniabarcante resulta falaz y, sin embargo, eternamente novedoso.

Cuando las profesiones que se afanan en lo social, pierden su potencia, para convertirse en oficios más bien “serviles” al poder institucional, que refractarios en su ejercicio respecto al status quo o los imperativos institucionales, queda la eterna novedad de lo mismo: lo psíquico como factor explicativo de lo social.

Hoy en día un cierto “amancebamiento psicosocial” campea en las intervenciones que se promueven desde esa zona opaca que se llama tercer sector y que ha crecido salvajemente y sin recaudo evaluativo, al amparo de las políticas sociales, fundamentalmente a partir de la segunda mitad de la década de los años noventa. Detrás de esta ausencia evaluativa se esconde, en muchos casos, lo peor del tercer sector volcado a lo social. (Precariedad laboral, alta rotación, tincómetro, despotismo, malas formaciones académicas etc etc.)

Esta convivencia psico-social hace que se tornen indiferenciables ambos componentes, lo que se traduce en que al momento de pedir definiciones acerca de qué es lo psico y que es lo social, se obtengan respuestas indistintas, ambiguas y lo que es peor, carentes de indicadores de impacto, situación que no hace sino empeorar las relaciones en el dueto psico social.

Si las intervenciones psicosociales llegaran a redundar en una cierta complementariedad de ambos elementos (psico y social), habríamos llegado a dar cuerpo a una forma de concebir y llevar adelante la intervención social especializada (situación que ocurre en muchos programas sociales), sin embargo, lo que se observa en programas como PIE, PIB etc, es que lo social queda reducido a lo psíquico: la conducta de las personas queda reducida a una cierta “lógica” de acción que puede ser “corregida” o “cambiada” a través de terapias o dispositivos psicológicos comunitarios (¿?) que, aún cuando no se expresan en terapias, aspiran a lo que ellas tienen de característico: el cambio conductual.

El año 1920 Husserl se quejaba de lo que denominaba el “psicologismo”. Con ello se refería a la tendencia a reducir el objeto a aquello que sucede en la conciencia y, sobre todo, a la falta de contradicciones en las explicaciones acerca de ella, es decir, a la ausencia de la ideología, la historicidad del objeto que llegan a la conciencia como fenómeno (“lo que se muestra”).

Parece volver a suceder algo así hoy, lo psíquico desea volver a ocupar un estatus imposible respecto a la intervención social: explicar la conducta de las personas a través de la conciencia olvidando las contradicciones que han generado esa conducta. Este retorno al positivismo psíquico contrasta con la multiplicidad de factores que inciden en la constitución de lo social y, sobre todo, con la necesidad de construir y articular intervenciones sociales capaces de ser mensuradas y responder con accountability social (conceptual, metodológico, ético y político) a sus cada vez más exigentes públicos, donantes y acreditadores.

Tal vez nos convendría mirar al pasado con modestia y evitar descubrir la pólvora, nuevamente.

Ángel Marroquín Pinto
Magíster en Trabajo Social
Pontificia Universidad Católica de Chile

jueves, 6 de enero de 2011

Paradoja de Zenón aplicada a la intervención social.

Cuando se habla del impacto en la intervención social respecto a sus públicos, es común que se haga referencia a las trayectorias que hacen los sujetos respecto a líneas de avance establecidas previamente por los programas. Es así como, se dice, por ejemplo: el impacto de la intervención debe medir la trayectoria de un punto “A” a uno “B”. Lo que olvidan las personas que así se expresan, es la lógica paradojal en que suelen (des) encontrarse ambas partes.

Si traemos al caso la vieja paradoja de Zenón de Elea, -esa que se refiere a la carrera entre la tortuga y Aquiles- es posible apreciar la trayectoria (y finalmente la intervención social) de una forma distinta: Aquiles es el interventor que le da ventaja al intervenido, éste con la ventaja obtenida acaba manteniendo siempre una ventaja puesto que el espacio es, en última instancia, infinito.

¿Qué representa esa ventaja dada por el interventor a su público?.

Esa ventaja representa los hándicaps de ambos actores: por una parte del interventor respecto a su público y, por otra parte, el público respecto a la intervención ofertada. En este sentido, interventor y público dan forma a una lógica (una forma de ver, al decir de Teresa Matus), en que jamás se encuentran y, sin embargo, se complementan y corrigen.

¿Qué utilidad tiene esta anécdota?.

Tal vez solamente separar eso que parece unido: sujeto y objeto a la vez que decir: la intervención no es ni Aquiles ni la tortuga sino el movimiento infinito de la mente de quien observa esa relación.

Ángel Marroquín Pinto
Magíster en Trabajo Social
Pontificia Universidad Católica de Chile